Asamblea avala cambios a la Ley de Ordenamiento Territorial tras veto parcial de Noboa

La Asamblea Nacional aprobó, el martes 30 de junio de 2026, el allanamiento a la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), luego de un debate marcado por los cuestionamientos sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el alcance de las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

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El presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, dio por terminado el debate tras seis intervenciones, al señalar que el tema había sido discutido de manera suficiente antes de someter las mociones a votación. En el Pleno, de los 151 legisladores, solo 139 estuvieron presentes.

En una primera votación, el Pleno acogió los textos del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad, adecuando los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28, conforme al dictamen de la Corte Constitucional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 53 en contra y cinco abstenciones.

Posteriormente, el Legislativo también se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo sobre los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25 y 37, además de la disposición transitoria cuarta. Esta resolución fue aprobada con 82 votos afirmativos, 49 negativos y ocho abstenciones.

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ADN defendió las reformas

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente del informe y asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Pozo, sostuvo que la propuesta fue construida tras un proceso de análisis técnico en el que participaron expertos, urbanistas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la legisladora, las reformas buscan fortalecer la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, incentivar la inversión privada en vivienda y reducir la burocracia que, a su criterio, ha dificultado la construcción de viviendas y la legalización de tierras.

Pozo rechazó las críticas de la Revolución Ciudadana (RC) y aseguró que la bancada oficialista está fortaleciendo una norma que ya superó controles constitucionales y políticos. Además, afirmó que la reforma permitirá agilizar los trámites municipales para favorecer el desarrollo urbano y territorial.

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Revolución Ciudadana cuestionó la constitucionalidad

Desde la bancada opositora, el asambleísta Xavier Lasso recordó que durante el trámite legislativo su tienda política advirtió que varias disposiciones vulneraban la autonomía municipal y otorgaban facultades excesivas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

Lasso señaló que la decisión de la Corte Constitucional confirmó esos cuestionamientos y sostuvo que el veto presidencial evitó que entrara en vigor un texto que calificó de inconstitucional. No obstante, afirmó que persisten disposiciones que permitirían declarar proyectos inmobiliarios como estratégicos, lo que —dijo— podría facilitar desarrollos urbanísticos con menos controles.

Además, criticó la conducción del proceso legislativo y aseguró que existe una política de confrontación con los municipios, especialmente en un contexto electoral.

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Benavides defendió el fortalecimiento del control estatal

El asambleísta independiente, Cristian Benavides, aunque respaldó el allanamiento, explicó que originalmente impulsó varias de las disposiciones observadas porque, a su juicio, buscaban proteger la vida de los ciudadanos. Argumentó que existen municipios donde los planes de uso y gestión del suelo presentan deficiencias técnicas o procesos irregulares que terminan exponiendo a la población a riesgos.

En ese contexto, defendió que la Superintendencia cuente con mayores capacidades para controlar excesos de las administraciones locales. Aclaró que el objetivo no era sustituir la autonomía municipal, sino prevenir errores y garantizar una mejor planificación territorial.

También lamentó que la Corte Constitucional eliminara la posibilidad de que la entidad brinde asistencia técnica a los municipios, pues consideró que esa facultad habría permitido corregir fallas antes de imponer sanciones.

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RC insiste en que persiste el centralismo

En cambio, la asambleísta correísta Patricia Núñez sostuvo que, aunque la Corte Constitucional eliminó varios artículos, la reforma mantiene una lógica de concentración de poder en el Gobierno central. Según la legisladora, persisten disposiciones relacionadas con los proyectos estratégicos nacionales de vivienda, los plazos especiales para que los municipios emitan permisos y el manejo de sistemas nacionales de información territorial.

A criterio de Núñez, el control del catastro y de la información territorial constituye un elemento esencial de la autonomía municipal, por lo que advirtió que la reforma conserva mecanismos que limitan la capacidad de los gobiernos locales para planificar y administrar sus territorios. La legisladora aseguró que su bancada no respaldaría iniciativas que, en su opinión, sustituyan la autonomía de los GAD por mecanismos de tutela desde el Gobierno central.

Por su parte, el asambleísta de ADN, Juan José Reyes, defendió las reformas y sostuvo que el debate gira en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los gobiernos locales. "Claramente esta autonomía no está funcionando como debería. Esta autonomía, de libertad, se ha convertido en libertinaje y claramente quien sufre es el pueblo ecuatoriano".