Sector societario
¿Acceso total a la información? Reforma que inquieta a empresas
SuperCías prepara cambios a la Ley de Compañías. Denuncian falta de socialización. Juristas plantean controles contra abusos y otras reformas
La Superintendencia de Compañías analiza reformas a la Ley de Compañías. Entre los cambios planteados está ampliar el acceso de los accionistas a la información societaria.
Lo que debes saber
- La SuperCías trabaja en una reforma que aún no ha sido presentada oficialmente.
- Juristas y empresarios coinciden en que la confidencialidad debe ser protegida.
- Expertos piden que se incluyan en las reformas más controles y cambios en los requisitos de capital social.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) trabaja en un proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Entre los cambios mencionados estaría el fortalecimiento del acceso a la información societaria para los accionistas, independientemente del porcentaje de participación que mantengan.
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Acceso a la información, bajo la lupa
En una entrevista con Carlos Vera, el superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, señaló que reformas anteriores dejaron pendiente una mayor precisión sobre el alcance del derecho de información de los socios. No obstante, la propuesta ha sido recibida con cautela por especialistas en Derecho Societario.
Si bien consideran positivo reforzar los mecanismos de protección para los accionistas minoritarios, advierten que cualquier cambio debe partir de un análisis de las herramientas ya existentes y de los riesgos que implica ampliar el acceso a información sensible de las compañías.
La jurista Gabriela Santamaría señala que la reforma de 2020 ya incorpora procedimientos administrativos y judiciales para que los accionistas minoritarios (aquellos con menos del 5% del capital social) puedan solicitar información y recurrir a la SuperCías cuando sus requerimientos no sean atendidos.
La transparencia es necesaria, pero no puede significar exponer información estratégica que termine beneficiando a la competencia o al crimen organizado.
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Visualizan riesgos
Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, considera que el derecho de los accionistas a acceder a información societaria no debe traducirse en un acceso irrestricto a todos los datos internos de una empresa. A su juicio, las compañías manejan información sensible de carácter comercial, contractual, tributario, laboral y estratégico, además de datos de clientes, proveedores y planes de negocio, cuya divulgación o uso indebido podría afectar su competitividad y seguridad jurídica.
Para el abogado Oswaldo Santos, la iniciativa podría fortalecer la posición de los accionistas minoritarios frente a posibles abusos de las mayorías. Sin embargo, advierte que el acceso a la información también puede ser utilizado como una herramienta de presión en conflictos internos o negociaciones entre socios, por lo que plantea que la normativa establezca responsabilidades para quienes ejerzan ese derecho de manera abusiva.
Por su parte, Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), sostiene que la transparencia debe ir acompañada de mecanismos que protejan la información estratégica de las empresas. En su opinión, la reforma debería diferenciar entre la información societaria necesaria para ejercer los derechos de los accionistas y aquella de carácter operativo o comercial, cuya divulgación podría afectar su competitividad.
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Las salvaguardas que plantean los expertos
Por eso los especialistas coinciden en que una eventual ampliación del acceso a la información para los accionistas minoritarios debe ir acompañada de mecanismos que eviten usos indebidos. La abogada Santamaría sostiene que la normativa debería establecer con mayor claridad los fines para los cuales puede solicitarse información y fortalecer los procedimientos de supervisión cuando existan indicios de abuso o conflictos entre socios.
Asimismo, Santos y Quintero consideran que las reformas a la normativa deberían incorporar responsabilidades legales para los accionistas que ejerzan este derecho con fines ajenos a la fiscalización de la firma. A su criterio, quienes pidan información para presionar a otros socios, obstaculizar la gestión o causar perjuicios a la empresa deberían asumir las consecuencias jurídicas y responder por los daños ocasionados.
Ambos coinciden en que una mayor apertura informativa debe ir acompañada de salvaguardas que protejan los datos estratégicos de las compañías. Por ello, plantean mecanismos como acuerdos de confidencialidad, restricciones sobre el uso de información sensible y sanciones para quienes divulguen o utilicen esos datos de manera indebida.
En esa línea, Salamea sostiene que cualquier reforma debería definir con precisión qué información debe ser entregada obligatoriamente a los accionistas, en qué plazos y a través de qué mecanismos. También cree necesario establecer criterios claros para determinar qué información puede mantenerse bajo reserva, cómo debe justificarse una negativa de acceso y cuáles serían las sanciones aplicables cuando un accionista utilice los datos para perjudicar a la empresa o comprometer su competitividad.
La ley permite que compañías de alto impacto económico nazcan con capitales irrisorios. Esa es una distorsión que debe corregirse en una eventual reforma.
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Otras reformas que piden incorporar
Por otra parte, los especialistas consultados consideran que una eventual reforma a la Ley de Compañías debería abordar otros aspectos estructurales del régimen empresarial. Entre ellos, Santos opina que es pertinente evaluar la efectividad de mecanismos como la intervención de compañías y redefinir aquellas atribuciones de control que generan mayores cargas administrativas que beneficios para el sector empresarial.
En cambio, Quintero y Salamea concuerdan en la necesidad de reforzar los controles sobre la constitución y operación de las compañías. Quintero propone una mayor coordinación entre la Superintendencia, el sistema financiero y otras entidades de control, para prevenir el uso de empresas con fines ilícitos o el lavado de activos.
Santamaría también plantea que la reforma incluya una revisión de los requisitos de capital social para ciertas actividades. Considera que compañías de sectores como la minería, el petróleo o la exportación no deben crearse con apenas $200, sino con montos acordes a la magnitud de sus operaciones.
Silencio.
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