Paralización del concurso para fiscal reabre críticas al CPCCS

En pausa. Así se encuentra el concurso para la selección del nuevo fiscal general, que se inició el 18 de febrero de 2026.

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Las observaciones que frenan el concurso

La fase de recepción de impugnaciones ciudadanas aún no puede iniciar debido a que el informe final de méritos y recalificación no obtuvo aprobación ni rechazo. De acuerdo con el cronograma actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección el pasado 8 de junio, esta etapa estaba prevista para realizarse entre el 16 y el 22 de junio.

Piedad Cuarán Rosero es una de las dos consejeras que votaron en contra de la aprobación del informe, el jueves 11 de junio. En diálogo con EXPRESO, ella sostiene que el documento carece de la debida motivación y evidencia una presunta vulneración de derechos de ciertos participantes, ya que sus reclamos no han sido acogidos. Además, considera que “es un informe que, de alguna manera, está direccionado”.

La consejera espera que el asunto sea tratado en una próxima reunión del Pleno del CPCCS, el miércoles 17 de junio. A su criterio, para que exista una reconsideración, la Comisión Ciudadana de Selección debe subsanar las observaciones planteadas y justificar de manera clara por qué rechaza ciertos pedidos, garantizando así la seguridad jurídica del proceso.

Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS, considera que las observaciones planteadas por Cuarán son válidas y deben ser atendidas antes de que el proceso continúe. A su criterio, los consejeros necesitan contar con todas las explicaciones necesarias para tener la certeza de que el concurso se desarrolla sin irregularidades que puedan afectar su legitimidad.

No obstante, Ulloa sostiene que corresponde al Pleno del CPCCS explicar a la ciudadanía las razones por las que el informe no fue aprobado y adoptar una resolución que permita destrabar el proceso. Para conocer qué acciones impulsará el organismo para reactivar el concurso, EXPRESO solicitó entrevistas, mediante correo electrónico y también por mensajería instantánea, a los siete consejeros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición solo Piedad Cuarán respondió.

Lo preocupante no es solo que el concurso se haya detenido, sino que llega a esta etapa arrastrando dudas sobre su transparencia. El problema pasó a ser institucional.Francisco López, abogado y docente de la UDLA

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El CPCCS frente a las críticas por los retrasos

Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, exconsejera del CPCCS, señala que el organismo debe convocar nuevamente a una sesión y viabilizar una decisión que permita al concurso avanzar hacia las siguientes etapas. En su opinión, mantener el proceso estancado solo profundiza el retraso en la designación de autoridades de control y prolonga la permanencia de funcionarios prorrogados o encargados en distintas instituciones del Estado.

La exconsejera también cuestiona que la paralización del concurso se sume a una serie de retrasos en la designación de autoridades por parte del actual Consejo. Añadió que durante este período, el organismo no ha logrado concretar nombramientos mediante concursos impulsados íntegramente por sus actuales integrantes, sino que ha concluido procesos heredados de administraciones anteriores.

El retraso en los concursos impide la renovación de autoridades y prolonga una crisis institucional. La ciudadanía debe evaluar los resultados de los actuales consejeros.María Fernanda Rivadeneira, exvocal del CPCCS

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Los efectos de la demora en la designación del fiscal

Para el constitucionalista Francisco López, docente de la Universidad de las Américas, la paralización del concurso responde a cuestionamientos que han acompañado el proceso desde su inicio. A su criterio, la demora beneficia a la actual administración de la Fiscalía General del Estado, ya que la falta de una designación definitiva prolonga la permanencia de una autoridad encargada.

Una lectura similar tiene el penalista Pablo Encalada, quien observa una creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso. Según señala, la suspensión de una nueva etapa del concurso reduce aún más el interés público en una designación considerada clave para el sistema de justicia.

Encalada opina que la demora no parece generar mayores costos para quienes se sienten cómodos con la actual conducción de la Fiscalía. Por ello, el jurista advierte que la falta de avances podría prolongarse si no existe voluntad política para destrabar el proceso.

Para Encalada y Ulloa, el principal afectado por la paralización del concurso es el sistema institucional y la confianza de la ciudadanía. López, en cambio, amplía el impacto y sostiene que también resultan perjudicados los postulantes y los ciudadanos, debido a que la demora alimenta los cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

A juicio de Rivadeneira, entorpecer la designación de autoridades solo profundiza el problema de las prórrogas y encargos en instituciones claves del Estado. Por ello, considera que la ciudadanía debe evaluar el desempeño de los actuales consejeros si deciden reelegirse, en función de los resultados obtenidos en materia de designación de autoridades y cumplimiento de sus atribuciones.

El avance del concurso está en manos de la propia Comisión Ciudadana y el CPCCS. No hay factores externos, como denuncias ciudadanas, que justifiquen esta paralización.Hernan Ulloa, expresidente del CPCCS