El nudo para elegir otra vez al fiscal sigue sin desatarse en el concurso del CPCCS

El concurso para la selección del nuevo fiscal general es un rompecabezas en el que se cruzan los más variados intereses. Por un lado, ha sido evidente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno y, por eso, ha hecho todo lo posible por favorecer la candidatura de Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado, quien se ha esmerado en complacer al Gobierno y ganarse su favor para poder ser elegido.

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Por otro lado, se habla de un verdadero intríngulis de intereses. En él entra la voluntad de algunos de los actuales consejeros de ser reelegidos en las elecciones de noviembre. 

Asimismo, se menciona que tanto en el Gobierno como en el CPCCS se hacen cálculos ante la llegada de la consulta popular -anunciada por el presidente Noboa, aunque todavía sin fecha definida- que, de ser aprobada, significaría que ese organismo perdería su facultad nominadora, la cual pasaría a la Asamblea Nacional. Si eso ocurre, los actuales vocales perderían prácticamente todo su poder.

Los votos para el informe

Lo único claro es que, hasta ahora, el concurso ha sido fraudulento y ha estado inclinado a favor de Alarcón. A esto hay que agregar lo ocurrido el jueves 11 de junio de 2026, un hecho que nadie vio venir: el CPCCS no pudo aprobar el informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso para la selección del fiscal general definitivo. 

¿Por qué? Porque uno de los votos con los que la mayoría de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ha venido actuando a sus anchas decidió no respaldar el informe de la comisión calificadora y se abstuvo. Ese voto fue el de Roberto Gilbert.

En la práctica, ese hecho dejó el proceso en pausa, por lo que lo más probable es que todo se demore aún más. ¿Cuánto? Aún no se sabe, pero no sería extraño que todo conduzca a que, ante la proximidad de las elecciones de noviembre y la eventual convocatoria de la consulta popular, el proceso se retrase lo suficiente como para que Alarcón permanezca en el cargo un año o incluso un año y medio más.

La falta de respaldo quedó reflejada en los votos en contra de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, la abstención de Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, lo que frenó el proceso justo antes de que Fantoni iniciara un período de vacaciones hasta julio, dejando la Presidencia encargada a la vicepresidenta Jazmín Enríquez. Es decir, el proceso ha vuelto a quedar estancado.

¿Quiénes encabezaban el concurso?

Hasta ese momento, la jueza Daniella Camacho lideraba el listado general con 48 puntos. En el bloque de mujeres la seguía de cerca la también magistrada Maritza Romero, con 47,25 puntos. Estas calificaciones corresponden a la evaluación técnica de sus hojas de vida.

Entre los hombres, el actual fiscal subrogante Carlos Alarcón lideraba el puntaje con 46,5 puntos, algo insólito si se considera que difícilmente sus actuaciones como fiscal justifican esa calificación. Le seguían el fiscal Alejandro Montecé Giler y el exjuez Walter Samno Macías, ambos con 46 puntos exactos.

Hay que señalar, sin embargo, que observadores independientes del proceso sostienen que la candidatura de Alarcón fue beneficiada fraudulentamente con 6,5 puntos en la fase de recalificación, lo que lo convirtió en uno de los aspirantes con mayores posibilidades, pues quedó a pocos puntos de la jueza Daniella Camacho. 

Es sabido, además, que Camacho no goza de la confianza del Gobierno, por lo que todo parecería estar organizado para que el ganador sea Alarcón.

La gran interrogante que se abrió el jueves tiene relación con la abstención de Roberto Gilbert. ¿Por qué dejó de votar junto con el Gobierno? Personas cercanas a él afirman que se trata de alguien que difícilmente sigue instrucciones, mientras que observadores del trabajo del CPCCS sostienen que durante la votación se lo notó eufórico y algo inconexo.

El impacto del voto de Gilbert

En cualquiera de los casos, lo cierto es que la decisión de Gilbert alteró por completo lo que se suponía era el guion establecido: aprobar el informe y continuar con un proceso que, a todas luces, tenía un solo objetivo: escoger a Alarcón.

Entre las posibles respuestas a la pregunta de por qué Gilbert no votó como normalmente lo ha hecho junto con el Gobierno hay una que podría parecer una teoría de la conspiración, pero que tiene cierta lógica: reelegir a Alarcón se está poniendo cuesta arriba; por tanto, sería preferible dejar todo postergado y mantenerlo en el cargo hasta saber qué ocurrirá con las elecciones y con la consulta popular.

Eso significaría que habrá Alarcón por un tiempo más. No mucho, pero sí el suficiente para varias cosas.

Aquí surge otra pregunta: ¿qué le conviene más al presidente Daniel Noboa: un Alarcón elegido para un período constitucional de seis años o un Alarcón prorrogado por algún tiempo?

Obviamente, para el presidente Noboa sería más conveniente un fiscal de bolsillo como Alarcón durante seis años, pues le cubriría las espaldas durante su Presidencia y algunos años después. Sin embargo, no todo indica que eso sea posible. 

Alarcón está haciendo un papelón como fiscal en los casos Sinohydro y Triple A, y eso puede complicar su elección dentro del CPCCS. Más aún, en la etapa de oposición podría aparecer alguien dispuesto a exhibir todas las irregularidades cometidas durante el concurso, así como las malas actuaciones de Alarcón en los casos emblemáticos que lleva adelante.

Entonces, la pregunta ya no es cuál sería la mejor opción para el presidente Noboa, sino cuál es la opción realmente posible. Ahí encaja la alternativa de un Alarcón prorrogado hasta conocer el resultado de las elecciones de noviembre y saber qué ocurrirá con la consulta destinada a quitarle facultades al CPCCS.

¿Entonces la abstención de Gilbert formó parte de una estrategia para mantener a Alarcón en el cargo? Es posible.