Política cuántica, estás y no estás

En una democracia como la nuestra votamos por asambleístas, alcaldes, prefectos y presidentes. Los elegimos conforme a la Constitución, cumplen los requisitos formales, juran el cargo y ocupan su despacho. Sin embargo, no siempre estar en el cargo significa realmente gobernar. Hay momentos en que una autoridad permanece legalmente en funciones, pero ha perdido algo mucho más importante: la confianza de la gente. 

Es una especie de “política cuántica”: están y no están al mismo tiempo. Están en el discurso, en la foto oficial, en la cadena nacional. Pero no están en el corazón de la ciudadanía. Conservan la legalidad del cargo, pero su legitimidad -ese reconocimiento profundo que nace del respeto y la credibilidad- se ha ido erosionando.

No basta con haber ganado una elección para ser legítimo. La legalidad tiene que ver con el procedimiento: elecciones válidas, posesión formal, cumplimiento de requisitos. La legitimidad, en cambio, se construye todos los días. Se sostiene en la confianza, en la coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, en el respeto a las reglas democráticas y en la percepción de que se gobierna para el bien común. 

Un representante deslegitimado no es simplemente alguien impopular. Puede haber gobernantes que tomen decisiones duras -reformas económicas severas, ajustes impopulares- y aun así conserven legitimidad si la ciudadanía percibe transparencia, honestidad y respeto institucional.

La deslegitimación es algo más profundo: ocurre cuando la palabra del gobernante deja de ser creíble, cuando sus decisiones generan sospecha, cuando la sociedad empieza a sentir que ya no la representa. Es el momento en que la autoridad se vuelve frágil. Cuando el rechazo supera ampliamente al respaldo. Cuando la mayoría percibe que el país va por mal camino. Cuando el gobernante se sostiene más por el poder formal que por la aceptación social. Está sentado en el trono, pero el suelo ya no lo sostiene.

¿Cómo se llega ahí? A veces por corrupción. Otras por abusos, por autoritarismo, por promesas incumplidas, por desconexión con la realidad social. También por una combinación de desgaste, protestas constantes, conflictos crecientes, desconfianza en los datos oficiales y una sensación extendida de que nadie escucha. 

Son, por ejemplo, cuestionamientos generalizados a su autoritarismo; pérdida de confianza en su palabra y en sus decisiones; debilitamiento de su capacidad de conducir el Estado; crisis de credibilidad que alcanza no solo a su imagen personal sino a la validez de su mandato, el cual se sostiene en poderes de hecho y no en aceptación popular. Como decir que el 78% de la población piensa que la situación del país es mala o muy mala, o, también, cuando el dignatario a duras penas llega a un 28% de agrado.

Las consecuencias no tardan en sentirse. Se debilita la autoridad, aumenta la polarización, crece la tensión social. La economía sufre por la incertidumbre. Las instituciones pierden credibilidad. El país entra en una espiral de inestabilidad que afecta a todos. En democracia, la salida no debería ser la confrontación permanente, sino la reconstrucción de la legitimidad. Eso implica transparencia real, diálogo auténtico, límites claros al abuso de poder, combate frontal a la corrupción y rendición de cuentas efectiva. 

Cuando esa voluntad política no existe, el desgaste termina pasando factura. Y más pronto que tarde, la distancia entre el poder formal y el respaldo ciudadano se vuelve insostenible. Porque en política no basta con estar. Hay que ser reconocido. Y esa es una conquista diaria.