El deber de la prensa
Frente a un gobierno abusivo, el deber de la prensa es impedir que el poder se vuelva invisible, incontestable y absoluto
Las obligaciones cívicas de la prensa, aquellas que tiene frente a la sociedad se han venido depurando a lo largo de la historia. Basándose, claro está, en las líneas deontológicas propias del ejercicio de su actividad informativa y de opinión, las que reconocidas socialmente han forjado cifras de credibilidad muy altas. Esencialmente se trata de: informar con veracidad ubicando en tiempo y espacio los hechos, creando una agenda de los temas que son necesarios debatir con absoluta libertad.
Pero también la historia nos enseña que, las líneas democráticas de un gobierno pueden ensombrecerse con relativa rapidez y el papel de la prensa se redefine. Los gobiernos empiezan a concentrar poder y van perdiendo la tolerancia que le es exigible con otros criterios y perspectivas. Se manipulan normas legales para solventar posturas políticas, se criminalizan las protestas con advertencias de activar el sistema penal. La información pública se convierte fácilmente en reservada, se pretende controlar la noticia comprando medios, hostigándolos o amenazándolos.
En tal contexto, el deber de la prensa es más exigente, amén de riesgoso. Así, su compromiso ético central es con el derecho de la ciudadanía a estar informado, sin sesgo y sin tapujos, implicando lo dicho, exigirle al poder la natural rendición de cuentas de su gestión. Es deber de la prensa frente a un gobierno intolerante sostener la verdad como norma, no como consigna.
No se puede abandonar el rigor en la verificación de la noticia, ni dable imponer o sugerir una perspectiva confundiendo la realidad. En contextos de manoseos democráticos la credibilidad no es un lujo; es un escudo colectivo. Sin confianza pública, incluso las denuncias más graves pueden ser desestimadas como rumores.
También se trata de seguirle los pasos al poder con observación profesional. La prensa no reemplaza a la justicia ni a los organismos de control, pero cuando los contrapesos institucionales están… digamos que nublados, la investigación periodística se convierte en un detonante de alarma social. Claro, se deberán resistir presiones económicas (publicidad oficial condicionada, hostigamiento “paralegal”, compra de medios); judiciales (demandas intimidatorias, aplicación de normas ambiguas) y policiales (hostigamiento, vigilancia, detenciones arbitrarias).
En un contexto de gobiernos desequilibrados frente al real balance democrático, es necesario que la prensa otorgue voz a quienes el poder quiere silenciar o avasallar, a comunidades discriminadas, trabajadores públicos que denuncian irregularidades o a estudiantes reprimidos. Sin embargo, el periodismo debe distinguir la libertad de expresión que protege opiniones de la que desinforma. En el entorno digital, especialmente, hay que combatir la desinformación sin convertirse en policía del pensamiento.
Ciertamente que se pueden usar ejércitos de cuentas falsas, campañas coordinadas y manipulación para sembrar miedo u odio. La prensa debe exponer esas operaciones, explicar sus métodos y reforzar hábitos ciudadanos de verificación.
En suma, frente a un gobierno abusivo, el deber de la prensa no es “opinar contra” el poder, sino impedir que el poder se vuelva invisible, incontestable y absoluto. Su tarea es iluminar, documentar y explicar, con rigor y veracidad. Cuando la prensa cumple ese deber, defiende algo más que una profesión: defiende el derecho colectivo a la verdad, la posibilidad misma de una vida pública libre y ayuda a forjar gobiernos democráticos.
