El régimen tributario ecuatoriano es disfuncional en cuanto a su estructura; ha estado sujeto a variaciones y reformas casi aleatorias que crean inseguridad jurídica; y es antitécnico pues no solo castiga el ingreso de capitales con el ISD, sino que asume como renta lo que es patrimonio, más activos y pasivos. En relación al número de aportantes y los niveles de ingresos, las exacciones conforman un régimen abusivo y no justificado por los servicios que el Estado presta.

La concentración excesiva es un sustento endeble. El fisco se sostiene con los tributos directos del 5 % de la población económicamente activa. Dos provincias aportan cuatro quintas partes de los impuestos. En materia de renta, más del 90 % de las recaudaciones son aportadas por el sector corporativo y, en esta categoría, el 1 % de las empresas contribuye más del 85 % de la totalidad de los ingresos. Si se restringen las importaciones el fisco es un gran perdedor, como lo es si se sube el IVA o si hay cualquier shock externo o interno. La dolarización demanda una estructura tributaria basada en la ampliación de la cobertura, con tasas que no inviten a la evasión, e impuestos que recaigan sobre la renta, el valor agregado y el consumo.