El sistema electoral ecuatoriano requiere de un cambio radical que permita ponderar la transparencia y una continua rendición de cuentas. Las reformas aprobadas por la Asamblea la semana pasada no son suficientes para garantizar la estabilidad democrática en un país en el que reinan las dudas y especulaciones tras el fin de cada comicio. 

Los famosos apagones, los retrasos en el sistema de conteo o el hallazgo de papeletas en basureros y afuera de los recintos son cuestiones que deben resolverse por el bien ciudadano. Es necesario recordar lo que ocurrió en Bolivia, donde la OEA reveló un fraude en el proceso de octubre pasado, con un sistema que debía ser confiable. 

Mientras tanto, y con las elecciones cercanas en el Ecuador, los representantes del organismo nacional no logran ponerse de acuerdo en cuestiones mínimas y mucho menos aclarar las irregularidades denunciadas entre los dos bandos, por las que incluso hay un llamado a juicio político a la principal autoridad. 

Es deber de la ciudadanía exigir las garantías necesarias para que su voluntad no sea vulnerada en las urnas por intereses oscuros y que se conozca el origen económico de cada campaña, para que los triunfadores puedan gobernar con legitimidad.