Anuncia el Gobierno esta semana que presentará un candidato propio para suceder en las próximas elecciones al presidente, Lenín Moreno, aparte de iniciar la quiniela de posibles nombres, da pie a hacer un repaso a los primero años de gestión de quien estaba llamado a protagonizar un periodo de transición. De una década de autoritarismo a una legislativa, desdibujada por la crisis económica heredada, que debía haber devuelto el sosiego a la sociedad y el peso a los pilares democráticos. 

En abstracto, la administración actual demostró en sus primeras etapas un afán de renovación: seleccionando a cargos técnicos para áreas ministeriales de perfil especializado como la de Hidrocarburos, desapareciendo el aura de amenaza constante a la libertad de prensa y prometiendo dejar a un lado las maniobras poco ortodoxas o inconvenientes para el país en lo económico. En la práctica, la asfixia crónica por falta de ingresos para cubrir gastos quedará como pendiente para el futuro gobernante. 

Mientras en los cargos de responsabilidad se ha retomado la poco escrupulosa pauta de preferir a personas afines que a los mejores capacitados. Y sobre el gran desafío, el de la lucha anticorrupción, los resultados hablan por sí solos. De estar llamado a la transición, este mandato va camino de quedarse como cuatro años de mero tránsito.