No se requiere ser adepto a las teorías de las conspiraciones para entender que la trama del SUCRE, la plataforma de intercambio y compensación de la ALBA, fue una iniciativa de la delincuencia organizada para robar en serio, y hacerlo con recursos depositados en el Banco Central que pertenecen mayoritariamente a los depositantes del sistema financiero ecuatoriano. Los eventos calzan: más allá del 90 % de todas las transacciones se dieron entre Ecuador y Venezuela; el grueso de la intermediación estuvo a cargo de un testaferro de Maduro; las empresas que actuaron surgieron de la nada y han sido liquidadas; las supuestas exportaciones, además, empezaron con sobreprecios astronómicos, para concluir haciendo asientos contables en el Banco Central a cambio de papeles inservibles y sin valor.

Quienes conocieron y fueron accesorios de esta fechoría están identificados. Por las declaraciones a manera de confesión del excandidato presidencial de UNES no cabe duda de que se trata del uso indebido de recursos públicos. Es imperativo, por sanidad nacional, dar un golpe certero contra la sinvergüencería disfrazada de política pública, y ello significa juzgar el delito y sancionar a los culpables: ¡caiga quien caiga!