En un país donde la mitad de la población vive de la informalidad y donde ser un personaje público, político y con comodidades económicas no es ninguna certeza de estar pagando impuestos, resulta una pantomima rendir cuentas. Lo hacen las empresas cumplidoras cada año, para dar a conocer sus ingresos y su estado de situación. Como si no fuera más que un trámite. Como si las instituciones de control, en realidad, estuviesen pendiente de los incumplimientos.

Si así fuera, no habría altos cargos nombrados con una declaración tributaria en cero pese a tener un historial de negocios próspero e incluso un nivel de vida discordante con sus ingresos declarados. No habría manga ancha al controlar, sancionar y recaudar lo correspondiente.

Todos debemos tributar y es hora de que el SRI y la UAFE garanticen un escenario donde se sinceren los ingresos de todos, incluyendo políticos, empresas, trabajadores informales, oenegés, fundaciones y cualquier operador de la economía. Es una promesa de campaña de este Gobierno, aún pendiente de cumplir, pero sobre todo, es una deuda con el país fraguada en los años de gobierno que dejaron mayor oscuridad tributaria y económica.