La función pública se nutre de las contribuciones que realizan los ciudadanos con el fin de que se garantice la calidad y el acceso a una serie de servicios que les permita un buen nivel de vida. 

Los alcaldes y demás dignidades de elección popular deben entender que están obligados a respetar la voluntad de una sociedad que los eligió para que cumplan con sus demandas, sin que ello signifique un compromiso partidista de ningún tipo. 

Si la política es el arte de servir, entonces es inadmisible que el país dependa de los caprichos de una burocracia que complica los procesos sin pensar en las necesidades urgentes de la comunidad. Cada persona que tribute en cualquier cantón del país, sin importar su lugar de residencia, tiene el derecho y la obligación de ser tomado en cuenta por las autoridades, de exigir calles en buen estado, planificación urbana, áreas verdes, control de la delincuencia, etc. 

La historia ha demostrado que los cacicazgos convierten a las ciudades en bastiones políticos donde las voces disonantes están condenadas al olvido. El desarrollo depende de la capacidad de compromiso de su gente, no de las voluntades del gobernante de turno.