Las consecuencias de un paro indígena, atizado desde la sombra por líderes que atrasan el diálogo e imponen condiciones, las están sintiendo los hogares con la escasez de alimentos, la imposibilidad de movilizarse y el vandalismo disfrazado de protesta social que se esparce por el país e infunde miedo colectivo.

El reclamo popular legítimo, al que tienen derechos los ciudadanos, se está distorsionando por la intransigencia de actores sociales que buscan en el caos, el protagonismo y la convulsión intencionada, la conquista de intereses personales, sin medir el tamaño de la afectación a la economía nacional y de las familias. Los ecuatorianos estamos obligados ahora a gastar más y a comer menos, con mercados desabastecidos. Los gobiernos locales, entre ellos el de Quito, se han cruzado de brazos, como si su deber constitucional no fuera el de velar por la seguridad y bienestar de los ciudadanos, que se sienten desprotegidos.

El diálogo debe imponerse como única vía para llegar a acuerdos pragmáticos que permitan la vuelta a la normalidad de un país que necesita mejorar su economía y no afectarla con paralizaciones vandálicas, que destruyen bienes públicos y propiedad privada. El progreso no se logra con confrontaciones sino con la búsqueda pacífica de soluciones.