La denuncia del embajador de los Estados Unidos acerca de los ‘narco generales’, y la publicitada acción posterior de convocar a uno de los generales de la Policía Nacional para cancelarle la visa de ingreso a dicho país, tomaron por sorpresa al Gobierno más aún que a la opinión pública, que asocia el auge del narcotráfico con la corrupción de la fuerza policial en sus más altos niveles. El clima de inseguridad ciudadana y las noticias que a diario aparecen sobre los actos de sicariato y violencia extrema son evidencia de la pérdida de la fibra moral en el país. La institución policial se queda sin su plana mayor, y todo esto en medio del mayor delito financiero del cual se tiene registro, perpetrado contra el Isspol; se ha configurado un robo cómplice que afecta directamente a los elementos de tropa que ven desvanecerse sus ahorros y seguridad.

Entretanto, en la Asamblea Nacional, temas de fondo como aquellos atinentes a la seguridad nacional o al uso progresivo de la fuerza son ignorados. Se da paso a discusiones baladíes y a denuncias sin sustento.

Mal está el país si no hay tiempo e inteligencia para atender lo medular: la necesidad de contar con una fuerza policial confiable, eficiente y honesta.