El interés particular está anteponiéndose al derecho ciudadano a lo largo del perfil costero ecuatoriano, donde los proyectos privados restan terreno al espacio público, dificultando o impidiendo el libre acceso a las playas.

El Código Orgánico de Organización Territorial otorgó a los gobiernos locales la competencia exclusiva de delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas, sin embargo, cada vez más construcciones particulares se levantan sin dejar espacios que permitan a la ciudadanía en general disfrutar de estas áreas naturales. Ello evidencia el descontrol y negligencia por parte de los gobiernos seccionales, pues las vías asfaltadas y entradas existentes son de utilidad exclusivamente para propiedades privadas, cuando lo prioritario sería la construcción de vías públicas.

Además, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas son los encargados de entregar las licencias y permisos ambientales, velando por la protección de los ecosistemas y las especies en peligro de extinción, así como del bien de toda la comunidad.

Los municipios y las secretarías de Estado deben asumir de inmediato su responsabilidad en el cuidado de las playas y ejercer un control efectivo que garantice su libre disfrute por parte de la población.