Las protestas sociales son legítimas siempre y cuando se den por una causa justa, que conduzca a la población a mejores condiciones de vida. El paro iniciado el 13 de junio, alegando la defensa del pueblo, lo único que está logrando es agravar la situación económica de todos los ecuatorianos. Los indígenas movilizados -una minoría-, al atacar florícolas, intentar paralizar pozos petroleros y cerrar carreteras impidiendo la libre movilización y transporte de todo tipo de carga, lo que han conseguido es el encarecimiento de los alimentos, insumos y materias primas, cuyos precios se han cuadruplicado; y que se afecte la inversión y se detenga el aparato productivo, comercial y turístico, que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis pospandemia y del conflicto ruso-ucraniano, lo que puede desembocar en quiebras y pérdidas de más empleos, empeorando la coyuntura socioeconómica del país.

Más bien pareciera que lo que se busca es instaurar el caos, y basándose en lo ocurrido en octubre de 2019, seguir, de ahora en adelante, el mismo libreto de violencia, vandalismo y anarquía para instalar en Ecuador el modelo de gestión mafioso vigente en otros países de la región, donde es requisito rendirse sistemáticamente a la extorsión para poder funcionar con normalidad en el día a día.