Una de las consecuencias del descalabro fiscal es que el Estado carece de los medios para cubrir los compromisos libremente asumidos con contratistas que le vendieron sus bienes y servicios. En su condición de desahucio, el gobierno ha anunciado que pagaría sus obligaciones con bonos calificados en el argot financiero como “basura”, pues nadie los quiere o, en su defecto, su tenencia demanda una alta rentabilidad. Es la compensación que un emisor de tales títulos ofrece y propone pagar con papeles cuyos cupones tienen intereses atractivos y el gobierno incentiva la creación de mercados secundarios para tales transacciones. La emisión de los bonos no conlleva emisión monetaria (es un “juego de suma cero”) por lo que su vigencia no afecta la dolarización.

La cuenta bordea los $4.000 millones. La opción más idónea, con el objetivo de reactivar la economía, sigue siendo la de que los títulos deberían poder ser usados como abono tributario, en varias series anuales. Entretanto, el presidente anuncia más expensas en sus proyectos favorecidos. Es relevante entonces preguntar ¿con qué dinero va a pagar? ¿Será acaso que los nuevos contratistas sí serán premiados reconociéndoles el 100 %?