Si el Banco Central, el IESS, el Biess o cualquiera de las empresas y entidades públicas que manejan recursos estuvieran sujetas a las exigencias que los entes regulatorios prevén para las organizaciones privadas de toda índole, serían entes fallidos y muchos de sus ejecutivos tendrían orden de prisión. Son “calamidades presentes” que ni siquiera tienen registrados sus activos fijos o inventarios; que no mantienen su contabilidad al día; y que, por cierto, no pueden pasar un informe de auditoría limpio.

Los adeptos hablan de las “joyas de la corona” como si se tratara de instituciones eficientes. No lo son. No son sujetos pasivos de impuesto a la renta; tienen cuadros de empleos hinchados por burocracia, patrocinio político y cuotas de poder; actúan, como lo acaba de demostrar CNEL, como monopolios abusivos de su poder, y tienen el arma de la coactiva o, alternativamente, del chantaje, para cobrar sus cuentas, cuyos valores son estimados rompiendo la ley.

Esto debe parar. Más allá de la reducción del tamaño del Estado, es urgente el ordenamiento para que dichas instituciones y empresas cumplan su cometido social y económico sin afectar negativamente, como hoy lo hacen, el bienestar de los ecuatorianos.