El país asiste cotidianamente a múltiples formas de manipulación de la administración de justicia. Las normas legales se tuercen según la necesidad del jurista de que se trate o los requerimientos del encausado. Todo tipo de maniobras se ponen en juego, siendo la solicitud de diferimiento la más frecuentemente utilizada con diverso tipo de propósitos. 

Así, la administración de la justicia se observa sometida a lo que el abogado defensor logre obtener de un juez anónimo de cualquier jurisdicción, que desee conseguir unas horas de fama y exposición pública, un incremento de ingresos, ambas cosas o, lo que puede ser peor, simplemente muestre su profunda ignorancia, la deficiente calidad de su formación académica y la paradoja de que esté ejerciendo como magistrado.

Entre tantas manifestaciones de lo arriba señalado, el reciente fallo que pretende restituir en su cargo a una integrante del Cpccs destituida por la Asamblea Nacional es intolerablemente llamativo, tanto como la inercia de los cuerpos judiciales para sancionar a quienes han cometidos delitos que atentan contra la seguridad del Estado. 

Sin duda, la administración de justicia en el Ecuador está sometida al abuso derivado de una estructura constitucional propiciadora de la impunidad.