De lo que llevó el presidente a a la Asamblea como proyecto de nueva ley de comunicación a lo que están pretendiendo hacer pasar los legisladores hay un abismo de distancia. Lo primero era una norma que garantizaba la libertad de expresión y lo segundo es un mamotreto que, con muchas justificaciones y argucias, pretende convertirse en un escudo para los corruptos. Nada nuevo en esta era.

Ecuador ya sabe lo que es el poder, prefiere e invierte sus esfuerzos en acallar y opacar sus fechorías que en permitir la crítica y abonar a la autocrítica. Lo primero es mucho más rentable para unos y lo segundo implica exponerse al escrutinio público y, por tanto, estar seguro de llevar una gestión pulcra.

No se puede esperar eso de esa especie de político que, lamentablemente, prolifera en el país y se enraíza en las instituciones. Con excepciones, el perfil del asambleísta promedio tiene siempre algo que esconder o tiene intereses particulares que defender por delante del bien común.

Solo con esos mandamientos se puede explicar que la nueva ley que rija para el periodismo prefiera facilitar la opacidad y proteger a los señalados ante el examen del ojo público. Quien nada malo ha hecho, nada tiene que esconder.