En 1974 se estableció la Cuenta Única del Tesoro como instrumento de manejo exclusivo del Ministerio de Finanzas para el control del gasto público. Con el tiempo ha resultado ser un instrumento de abuso y centralismo, nada efectivo para disciplinar el gasto, pero sí para coartar el derecho de instituciones que, como las Superintendencias de Bancos y de Compañías, el Inocar, o las autoridades portuarias, derivan su financiamiento de las contribuciones de los usuarios (bancos, compañías, empresas marítimas) o de las tasas por servicios prestados. 

La apropiación de estos recursos por parte del Ministerio configura una violación a la ley, por efecto de la malversación y apropiación indebida de los fondos.

El gasto se desfigura cuando los recursos asignados por ley son desviados para alimentar expensas corrientes en sueldos o intereses. Se limita la acción supervisora que, como en el caso de los bancos, es de supremo interés, o, como el del Inocar, no permite la adquisición de un buque oceanográfico para la ampliación de la plataforma submarina y el eventual aprovechamiento de los recursos. Es la herencia desechable de un modelo de administración financiera arbitrario, ilegal y fracasado.