La Asamblea destituyó a su segunda vicepresidenta por haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional alegando “incumplimiento de funciones”. Lo hizo por medio de un proceso planificado, concertado y notablemente expedito. La misma agilidad espera la ciudadanía en el tratamiento de las tantas leyes urgentes que tiene represadas, algunas sin siquiera un informe para ir a primer debate.

Esa demostrada capacidad para aunar criterios y proceder con diligencia debe primar para que los asambleístas, con preeminencia sobre cualquier otro tema, aclaren, identifiquen y sancionen a los responsables, y tomen las medidas correctivas para que nunca más se repita la manipulación del sistema electrónico de votación. Si casa adentro no existe orden, mal puede el poder Legislativo pretender, sin antes depurarse a sí mismo, iniciar los juicios políticos que tiene programados para miembros del Consejo de la Judicatura y del Cpccs.

La alteración de los votos electrónicos en el frustrado intento de destitución del presidente de la República no puede pasar como un incidente menor; debe investigarse exhaustivamente para identificar a sus autores y actuar con todo el peso de la ley. Esto está ya en manos de la Fiscalía, independientemente de que la Asamblea reaccione o no.