La situación fiscal está comprometida al punto de correr el riesgo de pasar de una situación de iliquidez a una de insolvencia. Volveríamos a caer en “default”, esto es, incumplimiento de los pagos, y habríamos recorrido el ciclo completo desde el último desahucio en 1999-2000 hasta la superación inicial del problema en 2008 (cuando la relación deuda/PIB bajó a un 16 %), situación que duró hasta 2014, cuando se reinició otro ciclo de ascenso a costos exorbitantes.

Los dos últimos gobiernos son los responsables: el primero por la expansión insensata del Estado y el segundo por su manifiesta incapacidad para resolver el problema, y atizarle más combustible al problema de endeudamiento que heredó. El mercado tiene esta lectura y lo refleja en el riesgo país que es prácticamente equivalente al de Argentina, y diez veces mayor que los que presentan nuestros vecinos. 

El déficit no cede, los atrasos en los pagos aumentan, no se incluye toda la deuda, y el servicio de esta es equivalente al gasto combinado en salud y educación. Son, repetimos, los resultados de la mala práctica económica; esto es, de la negligencia culposa en el manejo de los intereses de los ecuatorianos.