La falta de respuestas del Gobierno y de las instituciones del Estado, no a las acusaciones del expresidente investigado por su relación con la trama hospitalaria, sino al inconstante e inexacto funcionamiento del aparato estatal ha puesto en jaque al país. A un país configurado como un Estado fallido, en el que alegremente un hombre -sin ostentar cargo público alguno- afirma que tiene la capacidad de influir en un proceso penal para librar a alguien de ir a prisión, y la mayor reacción es la sorpresa e indignación ciudadana. ¿Las autoridades? Que no hay que entrar en la trampa política. Que con presentar una denuncia en Fiscalía basta. Denuncias, por cierto, que se acumulan en el Ministerio Fiscal y que resucitan oportunamente cuando la prensa o la sociedad civil pone el foco en la irregularidad de turno.

De las causas que han que llevado al Estado a tal situación de descomposición, no hay precisión. Es un todo. Pero es el mutismo el que impregna el ambiente nacional de desesperanza, de desapego, de descrédito en quienes gobiernan y en quienes ocupan dignidades del Estado que deberían únicamente procurar al ciudadano servicios públicos decentes, acordes a los impuestos que se entregan.