Es evidente, tras la ola de violencia que vive el país, que las reacciones al combate de las actividades narcodelictivas han empezado y han tenido, aparentemente, su primer gran blanco en el cerro de Montecristi. La explosión que dejó sin operar al recientemente instalado radar, pone en mal predicamento a las Fuerzas Armadas y al Gobierno central, pues tras el estallido aún no se ha comunicado claramente a los ciudadanos si se trató o no de un atentado. La falta de información oficial ha dado pie a especulaciones y al refuerzo de la idea de que el Estado es incapaz de hacer frente a la guerra declarada por el narcotráfico.

Y es que las posibilidades de que el sistema de vigilancia aérea pudiese constituirse en objetivo de ofensivas terroristas se barajaron antes de que empezara a instalarse el radar, ya que por su ubicación privilegiada indudablemente frenaría el ingreso y salida de las avionetas clandestinas que por más de una década tuvieron libre tránsito. Su posible ataque era previsible y ameritaba medidas extremas de protección.

El Gobierno central y sus instituciones tienen que dar explicaciones al país por lo ocurrido, demostrar que el Estado no está cediendo su soberanía y que tiene una estrategia efectiva para derrotar a las mafias internacionales en todos los frentes.