Hablar de más tiene un precio. Lo tiene para los políticos y para los diplomáticos al apuro. Sobre todo, si el episodio se repite en una clara manifestación de una errática administración de los silencios y los discursos. No se puede salir en televisión a decir que ha habido un mal uso de recursos de todos los ciudadanos para favorecer a intereses políticos particulares y ajenos y después acogerse al silencio.

Peor aún si la siguiente declaración, pese a no haber aportado prueba o matiz de la primera, descarga acusaciones de encubrimiento. Es primordial que ese tipo de realidades salgan a la luz, que sean denunciadas. Pero con seriedad y respaldo. Para que no se pierdan en los dimes y diretes. Si irregularidades más documentadas han terminado en polémicas estériles, no hay que contribuir de inicio a la banalización de la corrupción como si pudiera quedarse en palabras al viento, en ataques políticos o peor aún en deslices verbales.

Detrás de esas declaraciones hay documentación de respaldo que lleva escondida mucho tiempo y quien tiene acceso a ella, está en la obligación de revelarla. Todo lo contrario es complicidad con el acto delictivo y con los que lo mantuvieron oculto antes.