Las protestas de octubre de 2019 estuvieron marcadas por el caos y la violencia, sentando un precedente que debería haber llevado a las autoridades a actuar con presteza y contundencia para evitar que un escenario similar se repita.

Han transcurrido dos años y aún no hay ningún sancionado. Los procesos de Fiscalía están detenidos, de tal forma que nada inhabilita a los responsables de la destrucción, de las pérdidas económicas, de las agresiones y secuestros a policías y periodistas, de los daños a la propiedad púbica y privada, para que no puedan reincidir. El sentirse intocados por la justicia llevó incluso al dirigente de los indígenas a anunciar con total libertad la posibilidad de que “otro octubre” se produzca.

El país acaba de vivir nuevas movilizaciones en protesta por el incremento del precio de los combustibles, en pausa hasta el 7 de noviembre para permitir la libre circulación ciudadana durante el feriado que hoy llega a su fin, lo que significa que las acciones de resistencia se retomarán.

La protesta social es un derecho, pero no lo es la creación de caos y violencia. Los actos delictivos deben ser sancionados sin dilaciones y oportunamente para acabar con la impunidad e impedir la anarquía. El país no se puede paralizar ni volver a ser presa del vandalismo y la desestabilización.