En un medio donde imperan los prejuicios de la lucha de clases no sorprende hallar políticos que, a nombre de la solidaridad, pretenden imponer su voluntad sobre la iniciativa privada en la educación. Lo hacen al tiempo que, en forma farisaica, reclaman por los recortes de gasto en la educación pública, donde existen instituciones que no alcanzan a gastar los valores que les fueron previamente presupuestados.

La educación privada es blanco de los ataques de la izquierda populista cuando aprueban leyes que mandan no solamente rebajas sino la obligatoriedad de brindar servicios educativos no obstante la morosidad consuetudinaria de padres que rehúsan pagar la educación de sus hijos. No hay empresa que pueda sobrevivir sin ingresos; los docentes deben ser pagados e igualmente los gastos operativos y las instalaciones, añadiendo hoy los servicios de internet que no son dados en forma gratuita.

La educación privada atiende a grandes contingentes de niños y jóvenes; permite, además, afianzar la empresa educativa a nivel nacional, ahorrar gastos a los gobiernos y brindar enseñanza de mayor calidad. Representa, asimismo, el ejercicio legítimo de la libertad. Su vigencia debe ser protegida.