La ciudadanía se concibe como el reconocimiento de los derechos políticos y sociales que permiten a las personas intervenir en la política del país, y no precisamente solo en elecciones. Hay que recordar que quienes gobiernan -o intentan hacerlo- responden a las necesidades y exigencias de los sufragantes, por lo que tienen la obligación de rendir cuentas, pero sobre todo atender sus demandas sin dilaciones ni pretextos. Existen mecanismos legales para obligarlos a actuar, no solo en las grandes decisiones, sino también en el bacheo de calles o mejoramiento de la salud, educación y condiciones de trabajo, lo que significa que satisfacer estos requerimientos no es una cuestión de dádivas, sino un derecho adquirido, porque se construye con el esfuerzo de los contribuyentes, es decir con el dinero de todos. Por eso indigna que desaparezcan los recursos o se los invierta en negocios para los que no están facultados, sin que nadie responda judicialmente por ellos; pero es más grave aún que la población se mantenga impávida ante funcionarios corruptos que se refugian en la impunidad. Reclamar por el buen vivir es una obligación ciudadana, siempre y cuando se les recuerde a los políticos de turno que trabajan en beneficio del pueblo, el cual les paga sus sueldos para servir, no para lucrarse.