Ni las autoridades locales ni las nacionales están prestando la debida atención a los altos niveles de contaminación ambiental que registran Quito y Guayaquil. Se trata de un gravísimo problema de salud pública por los daños que causa a la población, que requiere de esfuerzos mancomunados para la creación de una conciencia colectiva de respeto al medioambiente y a los seres vivos. Los residentes tienen derecho a disfrutar de espacios libres de contaminación, pero es lo que menos existe en las dos ciudades más grandes del país, que concentran un tercio de la población nacional. Por lo tanto, también los ciudadanos son corresponsables de la situación, la cual empeora con el paso de los años por la carencia de una política que elimine los focos de alta polución. La responsabilidad sin embargo, recae principalmente en los organismos encargados de dictar las políticas, así como en las instituciones a las que les corresponde realizar los controles, pero no excluye a los ciudadanos, pues estos contribuyen con sus acciones a la emisión de contaminantes al aire.

Los gobiernos deben enfocar su gestión en lograr energías limpias que permitan ir hacia la descontaminación progresiva. Un cambio de la matriz energética y una mejora en la calidad de los combustibles puede atenuar el impacto en la salud pública y en el ambiente.