La grave crisis económica que vive el país, para bien o para mal, está allanando el camino para tomar una decisión que por años distintos gobiernos han evadido: la impopular medida de retirar o focalizar los subsidios a los combustibles que, incorrectamente aplicados, vienen favoreciendo a sectores pudientes, los cuales se aprovechan de este beneficio aun cuando el Estado ha dado señales de ya no poder sostenerlo. Esto debe ser visto como una oportunidad histórica, pero se requiere de una real voluntad política para lograr un cambio contundente.

Según un reciente informe del Banco Mundial, el 70 % promedio de ecuatorianos estaría de acuerdo en eliminar estas subvenciones si este plan tiene una retribución social a cambio. Con el mismo nivel de consciencia, el actual Gobierno debería empujar el plan, del que desde ya se anuncia que se implementará de forma progresiva y conforme mejore la eficiencia del sistema energético. No obstante, ante la falta de recursos, una medida como esta no debe estar supeditada a otra que también ha sido objeto de demoras y trabas.

Es preciso mapear la demanda y el consumo de combustibles para medir el real direccionamiento inapropiado que este tiene, incluyendo al diésel, al que por ahora se ha decidido no tocar, aunque una regulación a medias, aplicada en el sector camaronero, esté alimentando el contrabando.