No puede permitirse que la impunidad prevalezca como una normalidad consentida por los administradores de justicia ni por la población, afectada o no, por la inacción de policías, jueces y fiscales, los cuales están obligados por ley a agotar los procedimientos necesarios para cerrar las causas de cualquier índole; sin embargo no lo hacen.

Impresionantemente alta es la cantidad de investigaciones previas y causas judiciales que reposan en las oficinas de fiscales y juzgados, tanto que tardaría años el hacer un inventario de estas para demostrar el descontrol existente en el aparataje judicial ecuatoriano. Basta recordar casos sonados, como el asesinato de un general por los helicópteros Dhruv, el de un presentador de televisión y hasta el de un candidato presidencial o el más reciente de un fiscal, entre otros, para tener una idea de la lentitud con que actúan algunos operadores de justicia.

Tan responsables de que impere la impunidad son los policías, que no presentan informes sustentados, como los fiscales que no disponen las pericias o las hacen a destiempo, o los jueces que desconocen las investigaciones de los primeros para dejar libres a quienes han sido detenidos en calidad de sospechosos. El país requiere de un Poder Judicial que haga bien su trabajo para desterrar la impunidad.