De manera progresiva se va descubriendo que el llamado Sistema Único de Compensación (SUCRE) de la ALBA fue un mecanismo diseñado para defraudar al Estado ecuatoriano, lavar dinero y utilizar los recursos de los depositantes del Banco Central, que constituyen el grueso de la reserva monetaria.

La patraña fue concebida al más alto nivel de los gobiernos venezolano y ecuatoriano, estableciendo compañías ficticias, fingiendo hacer compras locales con facturas falsa para simular exportaciones, corrompiendo a autoridades de la Aduana y del Banco Central, negociando con bancos privados, y exportando los dólares a paraísos fiscales. Ecuador fue puntilloso y el único país miembro en mantenerse al día en los pagos al fondo de reserva del delictuoso esquema. Contribuyó en exceso de $4 millones al fondo de reserva cuyos fondos, hoy se sabe, sirvieron para pagar deudas de la empresa petrolera venezolana, PDVSA, quebrada.

Hoy la investigación se extiende a la justicia colombiana, de la que se espera resultados. Entretanto, ha sido la justicia americana la que ha actuado decididamente, apresando a dos de los ejecutores, testaferros de Maduro, mientras nuestras autoridades permanecen impávidas en actitud de: “¡bien gracias!”