La debilidad de los programas sociales
Existe el deber legal y la responsabilidad política para evitar que abusos como estos se sigan dando. Las autoridades no pueden hacer oídos sordos o ponerse una venda para evitar ver lo que está mal
Toda ayuda estatal para los más desprotegidos siembra equidad en cualquier sociedad, pero esta se resquebraja cuando en ello se infiltran viejas mañas. Así ocurrió con el caso de una hacienda que el gobierno correísta expropió en 2017 para ofrecerla a migrantes con el fin de incentivar su retorno, y que terminó siendo un engaño para ellos.
No es el único caso, en los últimos años varios programas sociales han sido blanco de la corrupción. El desvío de millonarios bonos solidarios o el reparto de carnés de discapacidad como instrumento para evadir impuestos, son parte de irregularidades recientes.
Para evitar que estas se repliquen es necesario establecer censos que ayuden a identificar a quienes realmente requieren de una asistencia, pero también mecanismos más rigurosos de control para garantizar que ello se cumpla en el marco de la legalidad. Esta tarea no es solo de secretarios, subsecretarios o directores zonales, encargados de canalizar las ayudas, sino de los ministros de cada ramo. Existe el deber legal y la responsabilidad política para evitar que abusos como estos se sigan dando.
Las autoridades no pueden hacer oídos sordos o ponerse una venda para evitar ver lo que está mal; deben actuar.
