La Constitución establece que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Es apenas obvio entonces, que quien sea designado como contralor cumple un rol trascendente en la lucha contra la corrupción, porque vigila y determina responsabilidades.

‘A contrario sensu’, si se nombra a un sinvergüenza destinado a actuar como cómplice del asalto a los fondos públicos, lo único garantizado será la impunidad que, bien se sabe es la madre de la corrupción y además se pondrá en riego la incipiente democracia que se intenta fortalecer.

La ciudadanía, ejerciendo un derecho irrenunciable, debe vigilar muy de cerca el proceso para designar contralor, en las manos del Consejo de Participación Ciudadana, entidad que está atravesando una crisis producto de la pugna que para consolidar sospechosas mayorías se da en su interior. No genera confianza en lo absoluto. Es imprescindible por tanto lograr que se designe a una persona proba y resuelta a trabajar con independencia, sin someterse a cualquier tipo de presiones.

Es urgente recuperar la credibilidad en las instituciones públicas.