Compra de silencios
Una cosa es difundir información de interés público y otra muy distinta es que la autoridad -ya sea central o local- utilice el dinero de los contribuyentes para acallar críticas, difundir propagandas o hacerse promoción electoral
La soltura con la que una autoridad habla de que los medios de comunicación reaccionan de una forma u otra al recibir su pauta publicitaria no solo debería ser motivo de debate ético, sino penal. Se entiende que las autoridades, ya sean centrales o locales, están a cargo para atender las necesidades de los ciudadanos. Se supone que usan el dinero público con fines de interés público y colectivo. Y no partidistas.
No se comprende, entonces, la confesión a viva voz de haber utilizado recursos de la Administración Pública para torcer a medios privados, quienes además quedan en el foco de cuestión por su entereza editorial. La información que sale de los entes públicos, de las instituciones públicas y de los gobiernos es información de interés general. Eso se presupone. Es información pública que los ciudadanos necesitan conocer por igual. No habría razón para sesgar su distribución.
Otra cosa muy distinta es que, con la ficción de colocar anuncios públicos, se estén usando los recursos de los contribuyentes para otros fines personalísimos, ya sea acallar críticas, difundir propaganda o incluso hacerse promoción electoral. Ni el dinero del Estado está a disposición para fines caprichosos ni los entes de control están para vigilar con un criterio selectivo.
