Nada es más evidente en los medios que los ciudadanos están interesados y se informan, sobre todo, de lo que afecta a su bienestar: la salud, los servicios básicos, el trabajo... Por eso, las autoridades nunca deben olvidar que las informaciones contradictorias ponen en juego su credibilidad como gestores de lo público.

Es irreconciliable difundir, por un lado, que el agua que sale de la llave tiene sellos de calidad en Quito y Guayaquil a sabiendas de los contundentes informes del Banco Mundial, de los que se hizo eco y seguimiento este Diario, en los que alertaba por la presencia de residuos fecales en las aguas servidas mal tratadas que después van a parar a los afluentes de donde se obtiene el agua potable. Si la publicidad engañosa está sancionada, con más razón las autoridades deberían contextualizar cualquier tipo de información que difunden y que podría afectar a sus ciudadanos. 

Los tecnicismos no pueden ser la percha para confundir a los ciudadanos que responsablemente se informan. Y puestos a accionar, mejor sería que se encarguen de garantizar que todo el proceso de tratamiento de agua sea apto para el consumo en lugar de concentrarse en la propaganda.