La violación de la información privada y el denominado ransomware o captura de información que es devuelta al dueño o custodio a condición del pago previo de un rescate millonario son delitos de la era presente que se insinúan de forma creciente. La negación del servicio a un servidor puede, literalmente, aislar a cualquier organización y usuario en el legítimo ejercicio de su actividad y su trabajo. La clonación de tarjetas de crédito y débito, el robo de bases de datos para ser vendidos al mejor postor y el riesgo siempre presente de que la información sea usada para extorsionar, asaltar, asesinar, espiar o cometer cualquier atentado contra la persona o la sociedad nos pone en alerta de que el estado de inseguridad y riesgo es intolerable.

Los ecuatorianos estamos amenazados y nos sentimos inermes. Hay la sensación de desprotección porque el Estado y las instituciones, incluyendo las financieras, no cuentan con las herramientas de respaldo y respuesta que permitan erigir las barreras de protección. Más aún, con la ampliación de la frontera digital, es menester que la gente tenga conocimiento y practique los hábitos de precaución para evitar ser víctimas del desorden social imperante.