El proceso de depuración policial, anunciado como una inmediata solución por el presidente de la República, carece de claridad y precisión. Le faltan el cómo y los quiénes ejecutarán la reestructuración de una entidad cuyos mandos han sido fuertemente cuestionados, tanto por sus actuaciones como por sus omisiones.

No basta con desvincular a dos generales, cambiar al ministro del Interior y darle una semana de plazo al comandante general de la Policía para que encuentre al homicida de la escuela de formación. Tampoco es suficiente el pedido a los mandos para que pongan a disposición sus cargos. La autodepuración policial, que las anteriores autoridades anunciaban con éxito, es el gran engaño al pueblo.

Los hechos demuestran que la participación de uniformados en hechos delictivos, de corrupción y de narcotráfico han llegado a los máximos niveles y, por tanto, hace imposible que los policías actúen en su depuración porque sería continuar en lo mismo.

La profunda investigación interna, acompañada de cambios radicales en la estructura, debe hacerse de forma urgente por parte de una comisión de expertos, ojalá internacionales, que lleve a mejorar la seguridad en el país.