Editoriales

Amerita multa

Debería imponerse el cobro de multas a la concesionaria ante cada incumplimiento y falla en la prestación del servicio, lo cual es cada vez más frecuente

En pleno siglo XXI, pese al sorprendente desarrollo tecnológico, la falta o escasez de ciertos elementos básicos puede paralizarnos. Es la situación que vivieron cientos de miles de ciudadanos del Gran Guayaquil el fin de semana pasado. Un anunciado corte del servicio de agua potable que abarcaría amplios sectores de la ciudad y sus alrededores llevó a la población a aprovisionarse para hacer frente al prolongado desabastecimiento que se iniciaría al final del sábado y finalizaría el domingo por la noche. Sin embargo, el plazo se cumplió sin que se diera la reconexión, causando muchas molestias a la ciudadanía, que en algunas zonas debió soportar hasta 36 horas sin agua. Siendo Emapag la encargada de controlar y regular el servicio de agua potable, debe exigir a su concesionaria Interagua (a través de la cual provee el servicio), una reparación a la comunidad por el malestar generado. No se trata solo de haber incumplido un plazo, sino de no ofrecer una solución integral al sistema, que garantice un abastecimiento eficiente a futuro. En su lugar, simplemente parchan los daños y las deficiencias se van acumulando a lo largo del tiempo. Debería imponerse el cobro de multas a la concesionaria ante cada incumplimiento y falla en la prestación del servicio, lo cual es cada vez más frecuente.