El desafío gubernamental de convencer a los ciudadanos de que finalmente la situación va a mejorar es grande y de lo que se haga o se deje de hacer en las próximas semanas y meses dependerá la respuesta de la población. Las exigencias sociales legítimas no han cambiado en nada y el Gobierno ya las ha escuchado. El país pide salud, educación, seguridad, vialidad... El presidente de la República debe tener claro que no solo se trata de un cambio de ministros sino que el refrescamiento del gabinete ministerial en las carteras de Economía, Salud, Obras Públicas y Educación Superior debe ir acompañado de una política pública claramente definida que atienda el clamor popular de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. De nada sirve cambiar un funcionario por otro si la situación económica y sanitaria del país va a continuar sin el rumbo que se necesita para sentir que se camina hacia el progreso y no hacia un abismo más profundo que el actual.

De la agilidad, eficiencia y comunicación de las acciones que inicien las nuevas autoridades posesionadas dependerá, en gran medida, la generación de la confianza interna y externa en un gobierno que avanza en su segundo año con la sensación popular de que no ha logrado hacer nada, mientras la corrupción campea y el hambre se extiende.