Sophia Forneris | Lo que el poder escucha

Los puestos clave de asesoramiento cerca del poder siempre han sido codiciados. Durante el Imperio Romano, este rol se institucionalizó como el ‘Consilium Principis’, creado por el emperador Augusto. Aunque el Senado seguía existiendo como símbolo de la República, fue este consejo el que realmente pasó a influir en las decisiones imperiales. Su composición no era rígida: incluía cónsules, juristas, magistrados y asesores de confianza, todos elegidos por su proximidad al emperador y su capacidad técnica. El número de miembros variaba según las circunstancias políticas y las necesidades del poder.

El ‘Consilium Principis’ fue, en esencia, una estructura pensada para agilizar la gobernanza y reducir la inercia institucional. Mientras el Senado debatía y aplazaba, este consejo proponía, redactaba y ejecutaba. La historia lo muestra como una herramienta poderosa que, bien utilizada, podía sostener un imperio; pero mal empleada, era solo otra manifestación del autoritarismo.

Hoy, en el Ecuador, el presidente ha anunciado una reducción de su propio ‘Consilium Principis’: ha recortado de 20 a 14 los ministerios. La medida, aunque drástica, responde a una necesidad urgente de reducir un Estado que por años ha crecido sin planificación ni eficiencia. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Algunos sectores alzaron la voz por quienes perdieron su empleo, lo cual es legítimo. Pero cabe preguntarse: ¿dónde están hoy las propuestas serias para un Estado que garantice servicios públicos sin convertirse en un botín político?

Es irónico ver cómo muchos se apresuran a rechazar cada decisión del Gobierno sin ofrecer alternativas viables. No se trata de aplaudir con obediencia ciega. La crítica es necesaria, incluso vital pero, vacía de contexto o de propuestas, termina siendo solo ruido. La historia nos recuerda que los imperios no caen únicamente por malas decisiones, sino también por su incapacidad para reformarse a tiempo.

En momentos no basta con indignarse desde la tribuna. El país exige manos que limpien el sistema pero, que al mismo tiempo, reconstruyan políticas públicas sostenibles centradas en resultados reales.