Columnas

La justicia tuerta

"Los jueces y fiscales no son más que vulgares mercachifles que tarifan sus sentencias y dictámenes a quien mejor les pague..."

Un país sin justicia independiente es como un humano sin sistema nervioso: todos sus órganos y miembros no tienen noción de para qué sirven, son las partes aguadas de un muñeco de trapo. Pienso esto cuando analizo las reiteradas quejas por la nueva elección de jueces en Corte Nacional. La justicia, una de las tres funciones que equilibran el ejercicio del poder en una democracia, es vital para que impere la ley, esa garantía de que todos somos iguales, o debemos serlo, en el goce de los derechos.

Cuando no es así, su autonomía se pervierte y sus facultades para que nadie esté por encima de nadie son un objeto de subasta. Entonces los jueces no son seres probos que imparten justicia, ni los fiscales abogados de la ciudadanía, sino vulgares mercachifles que tarifan sus sentencias y dictámenes a quien mejor les pague o les garantice atornillarse a sus cargos mal habidos.

“Ya no importa quién tenga la razón o pueda argumentar mejor en derecho, sino quien pueda comprar los fallos o acceder a los operadores que les hacen el trabajo sucio a los jueces”, me dice Heinz Moeller Gómez, para mí el abogado más brillante de su generación. Esa realidad ha llevado a varios estudios jurídicos a dejar de litigar o, peor remedio que la enfermedad, subcontratar pillos con carnés de abogados para que ellos den la cara en los juicios y coimeen a los mercachifles.

Es un problema que tiene su origen en el modo diminuto en que se elige los jueces, privilegiando la memorización y no el raciocinio, el amiguismo y nos las virtudes de hombres y mujeres sabios. En que la estructura del sistema no prevé que ellos tengan un equipo que los ayude a evacuar su ingente cantidad de trabajo. En que el poder político tiene allí jueces de alquiler. En que la sociedad no cree que eso es un cáncer que le liquida la igualdad y la decencia.

No es solo un problema del mundo legal: es una lacra que nos afecta a todos. Y más a quienes no tienen cómo comprar los servicios de una justicia que debería ser gratuita. Y ciega, porque no debe ver a quién le da razón. Pero se encuentran con que es tarifada. Y tuerta: tiene ojo solo para el que le paga.