Rosa Torres: Definan el plan constituyente
El gobierno de Daniel Noboa no puede seguir hablando de reformar la Constitución sin antes definir con claridad el plan
El país necesita, con urgencia, que el gobierno del presidente Daniel Noboa defina con precisión su plan para reformar la Constitución Política del Estado. La falta de una hoja de ruta clara no solo genera desconcierto en la ciudadanía, sino que alimenta un clima de conjeturas del que se aprovechan sus detractores para socavar su gestión. La reforma constitucional no es un asunto menor: toca la médula del orden institucional del país y, por tanto, debe ser abordada con transparencia, planificación y sentido de urgencia.
El presidente Noboa, o en su defecto el ministro de Gobierno, José de la Gasca, debe explicar si el camino será una Asamblea Constituyente o una reforma por la vía legislativa. En cualquiera de los casos es imperativo saber cómo se elegirá a los miembros de esa posible Asamblea o, si es en la Asamblea Nacional, cómo logrará los consensos necesarios para avanzar, considerando el peso del bloque correísta, que ha demostrado su oposición. Mantener el silencio o las medias palabras solo amplía la brecha de confianza con la ciudadanía, que lo único que pide es transparencia absoluta.
La posibilidad de conformar una Asamblea Constituyente con participación mixta, incluyendo a figuras notables del país, no es en sí misma una idea descabellada. Sin embargo, en ausencia de reglas claras, corre el riesgo de interpretarse como un mecanismo elitista o manipulado, lo que alimentaría nuevas tensiones sociales y políticas. El Gobierno debe evitar que las especulaciones ocupen el espacio que debería llenar la comunicación oficial.
Además, es indispensable que se aclare qué aspectos específicos de la Constitución se pretenden modificar. Solo con esa información podrá la sociedad evaluar la pertinencia del proceso y su impacto en la vida nacional.
La ambigüedad solo genera incertidumbre en un pueblo que ya carga con problemas urgentes como la inseguridad, el desempleo y la precariedad de los servicios básicos. La ciudadanía no espera promesas abstractas, sino decisiones concretas que mejoren su calidad de vida, tanto en el campo como en la ciudad. El pueblo quiere empleo, progreso y seguridad. Hay que pasar a los hechos y dejar atrás los anuncios.