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Arrogación de funciones

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La Fiscalía General del Estado denunció que el Consejo de la Judicatura (CJ), con un informe elaborado por su Asesoría Jurídica

Se conoce como arrogación de funciones al hecho de atribuirse o hacer uso de facultades, funciones o competencias que no fueren las que legalmente se tiene asignadas. El Código Orgánico Integral Penal -COIP-, la tipifica como delito de usurpación y simulación de funciones públicas y en su art. 287 establece que: “La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Esto acontece cuando algún funcionario investido de un poder público o autoridad asume indebidamente las competencias de otra autoridad o poder público que no le competen, en violación de la Constitución y normatividad legal.

La Fiscalía General del Estado denunció que el Consejo de la Judicatura (CJ), con un informe elaborado por su Asesoría Jurídica, busca suspender del cargo a la fiscal general Diana Salazar; de manera sesgada, sin sustento jurídico y en forma maliciosa pretende que el CJ “arrogándose funciones” la sancione.

De manera simultánea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la fiscal general para que informe sobre una absurda denuncia presentada por un colectivo social activado por la esposa de un sentenciado por delito sexual que avergonzó a la Defensoría Pública, y que a todas luces es una burda y ruin venganza.

En ambos casos, el CJ y el CPCCS están arrogándose funciones, no tienen facultades ni competencias para revisar y juzgar los actos de la fiscal general, quien responde por sus accionar en juicio político solo ante la Asamblea Nacional.

Estas dos instituciones deberían desaparecer, como lo referí desde mi columna (28 de enero 2023), por ser creadas para tomar el control y el poder en las designaciones de los titulares de los organismos de control y para el manoseo e intervención en la Función Judicial.

En el caso actual, se evidencian el ilegal propósito de sacar o destituir a Diana Salazar, fiscal general del Estado, que tiene todo el apoyo de la ciudadanía. Yo también apoyo a Diana Salazar.