La Comisión de Fiscalización mocionó solicitar los documentos de “alcance” al juicio político de la ministra Romo. El presidente debió ordenar que se dé lectura al artículo de la ley donde se establecen los “alcances”. Por supuesto no existe, pues el juicio político es un proceso acusatorio, lo que excluye cualquier “alcance” posterior.

La Cámara Baja, a partir del juicio político de Giles de Mompesson en 1621, designó una comisión para redactar el escrito de acusación… entregado al acusado, este tenía un plazo para contestar la acusación (Armagnague, Depalma, 1995). ¿Alguien ha visto la acusación a la ministra? En el país existen ya precedentes al respecto. En 1999 el PRE intentó enjuiciar a un ministro, pero olvidaron acusarlo. En mi condición de director jurídico del Congreso dispuse el archivo sin admitir “alcance” alguno. Igual que ahora… no había el artículo que permitiera “alcances” por ningún lado. Y siendo un procedimiento de Derecho Público, solo se puede hacer lo que las normas permiten. De paso, la Constitución dispone que “para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno”. Pero no hay reglamento. Imaginen la cómica escena: ¿cómo que no hay reglamento? Y luego: ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Corramos un leve velo de pudor sobre la escena. Claro, si no hay Reglamento Interno no pueden ni comprar clips. Peor enjuiciar a un ministro de Estado.

-¿Qué te pasa…? ¿Por qué defiendes a la ministra? Defiendo el procedimiento. ¿De qué se exculpa si no la acusaron? Además ella no necesita defensa. La versación, la inteligencia y la elegancia con las que argumenta no se ven desde hace mucho tiempo en el país. Y como le dijo Carlos Vera: usted merece que la condecoren, no que la censuren por los hechos de octubre. Su manejo de la crisis, impidió el baño de sangre que el miserable ratón belga intentaba para regresar a seguirnos robando. El pueblo del Ecuador tiene una deuda impagable con ella. Yo le haría un monumento en lugar de enjuiciarla violando el debido proceso y la Constitución.