Premium

El retorno del Jedi

Avatar del Roberto López

A diferencia de la desastrosa Constitución actual, que no hace referencia alguna a la posibilidad de su reforma total, (claro, según la visión totalitarista de Correa… ¡debía durar 300 años!), el art. 140 de la Constitución suiza contiene una sabia enseñanza. Dispone en su párrafo 2, que “deberán ser sometidos al voto del pueblo: c. la cuestión de si se debe llevar a cabo una reforma total de la Constitución”.

He ahí la diferencia fundamental entre una Constitución democrática y una totalitaria. La Constitución suiza permite su reemplazo total y le confiere al pueblo la custodia de tal cambio, mientras la chavista/ecuatoriana no prevé su reforma total y encima, le tranca 5 aldabas a la reforma parcial en los arts. 441 y 442.

Pero no todo les salió bien, ya que existe una forma de bailarse los candados. Pese al abuso de impedir la reforma total (frase que no existe en todo el texto constitucional), “se les chispoteó” una salida: el art. 104 dispone que “… [el] Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes”.

Esto permite la reforma total de la Constitución cumpliendo con el principio que establece la Constitución suiza, al someter la Consulta de la reforma total a la voluntad del pueblo.

Pero… ¿por qué habría de reformarse totalmente la Constitución? Simple. Porque la sencilla pregunta “¿debe entrar en inmediata vigencia la Constitución de 1998 con las reformas anexas?” es la solución para desaparecer el Consejo de Participación que no existía el 98; condenar -por fin- al terrorismo, la narcoguerrilla y la sumisión a foros ideológicos extranjeros “Sao Paulo style”, protegiendo a la sociedad en lugar del delincuente; lograr que los presidentes comiencen su mandato acatando la Constitución e impidiendo que “juyan” después de saquearnos; y eliminar el peligro de futuros “montecristis” por la vía constituyente.

Pero sobre todo… impedir “el retorno del Jedi” el 2025, estableciendo el delito de “traición a la patria” por haberle entregado el territorio nacional al narcotráfico.