Con el precedente sentado en la Asamblea, solo falta que el presidente de la República invoque el derecho a la resistencia (artículo 98 de la Constitución), se declare en rebeldía y decida enviar, con argumento constitucional de por medio, la Constitución a la basura. Por la jeta. Suena inaudito. Sin embargo, ocurrió este lunes en el primer poder del Estado. Tan débil es la institucionalidad de la República, tan poco en serio se la toma, que ni siquiera fue un escándalo. Nomás una veleidad que casi no pasó a los titulares.

La Ley Revaas (Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de niños, niñas y adolescentes), propuesta por Lourdes Cuesta, gustaba a todo el mundo. Su intención era impedir que los sentenciados por abuso sexual de menores de edad que ya cumplieron su condena puedan trabajar en contacto con los niños. Se basa en la suposición (o constatación, según muchos) de que el violador no se rehabilita, que su inclinación sexual por los niños está en su naturaleza. Quizás es cierto.

La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea pero la Corte Constitucional halló que contradice al menos tres principios de la Carta Magna: el artículo 201, que establece la “rehabilitación integral” de los reclusos y su reinserción plena en la sociedad como finalidades del sistema penitenciario; el 35, que incluye a los privados de libertad entre los grupos de atención prioritaria; y, sobre todo, el 11, donde se prohíbe la discriminación por pasado judicial. Quizá los defensores de la ley Revaas tengan razón: quizá la Constitución (no sería nada raro) está equivocada. De ser así, la solución es reformarla. Mientras tanto, la Asamblea tiene que acoger el dictamen de la Corte, que es de cumplimiento obligatorio, y archivar la ley.

Lo que no se puede hacer es exactamente lo que hicieron los asambleístas. La idea fue de Roberto Gómez (CREO): invocar el derecho a la resistencia, declararse en rebeldía contra la Corte y negarse a archivar la ley. Lourdes Cuesta lo secundó: como ponente del proyecto, estaba obligada a mocionar su archivo por inconstitucionalidad. Invocó el artículo 98 y se abstuvo de hacerlo. Para evitar el desacato flagrante, el presidente de la Asamblea prefirió no llamar a votación y la Ley Revaas quedó en el limbo.

Es inaudito. Más aún: es una aberración. El derecho a la resistencia es patrimonio de los ciudadanos, no del Estado. Sirve para que el pueblo se oponga a las políticas públicas que considera injustas, no para que los poderes constituidos desconozcan las actuaciones de otros organismos de la democracia. El precedente sentado es nefasto: pone en cuestión la independencia de los poderes del Estado, abre la puerta a cualquier barbaridad e imparte una pedagogía desastrosa.

Los asambleístas deberían, para empezar, asumir las consecuencias que acarrea su pésima técnica legislativa, que los colocó en tan mal predicamento. Y, sobre todo, encarar esa vieja disyuntiva: populismo vs. institucionalidad. Archivar la Ley Revaas es difícil, eso se entiende: implica indisponerse con el electorado. Pero para eso se los elige: para que hagan lo que corresponde y respeten la democracia. Si los jueces de la Corte Constitucional (por no hablar del autor de esta nota) están dispuestos a que los arrastren en las redes, ¿no deben los asambleístas, por lo menos, asumir sus responsabilidades?