Plan minero en la Asamblea

Esta tarde el Pleno de la Asamblea cometerá otro despropósito. El enésimo. Conformará una nueva comisión ocasional (tácita aceptación de que las permanentes no sirven para nada) esta vez con el fin de revisar las concesiones mineras en el territorio nacional. Supuestamente para precautelar, entre otras cosas, los derechos a la salud y a un ambiente sano en las zonas afectadas. El CAL ya dio su visto bueno. Claro que el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Washington Varela, de Sociedad Patriótica, reclama que ese asunto le compete, pero se trata de entregárselo en bandeja al proponente, el legislador de Pachakutik por la provincia de Imbabura Mario Ruiz. Lo cual es más o menos como conformar una comisión para revisar los contratos truchos en el Municipio de Quito y dársela a Jorge Yunda.

En Imbabura, la minería es una negocio retorcido en el que hasta un empresario formal, como Carlos De Miguel, de la compañía Hanrine, termina preso en un allanamiento por esconder un arsenal de pistolas, fusiles y suficientes municiones como para asaltar el palacio de invierno de los zares. En ese negocio retorcido, Ruiz está metido hasta las orejas: se fotografía sin pudor con los dirigentes de la minería ilegal de Buenos Aires; él y su asesor de despacho se querellan (“a título personal”, ha dicho, no como asambleísta) contra empresas que operan en concesiones legales; su esposa ha sido denunciada por activistas antimineros por recorrer las minas de Imbabura y Azuay en vehículos oficiales de la Asamblea; hasta se lo ha denunciado ante la Fiscalía por supuestamente extorsionar a los mineros legales pidiéndoles dinero y puestos de trabajo a cambio de apaciguar a los pobladores. Que por ese servicio cobra 80 mil dólares, dice la denuncia interpuesta por el mismo Carlos De Miguel, quien parece tratar de convencernos de que para ser minero en este país hay que ir armado hasta los dientes.

Lo de fondo: no es que la Asamblea quiera entregar a Ruiz la comisión ocasional sobre asuntos mineros a pesar de su rabo de paja sino precisamente por causa de él. Con un rabo de paja al frente del asunto todos se sienten más tranquilos. Especialmente los amigüis incondicionales de la nueva mayoría, el correísmo y Pachakutik, que parecen tener todo que ver con el escándalo de minería ilegal en la provincia del Napo que acaba de destapar la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con el operativo del pasado domingo.

Ocurre que las actividades ilegales tenían lugar en terrenos de la compañía china Terraearth, que las toleró mucho tiempo. Y la concesión a Terraearth la otorgó el correísmo. Ocurre también que entre el medio centenar de retroexcavadoras de hasta 250 mil dólares que fueron incautadas, varias pertenecían a gobiernos locales de la provincia del Napo. Y adivinen a qué partidos pertenecen los gobiernos locales del Napo. Exacto: correísmo y Pachakutik. Ocurre que entre esos alcaldes figura uno, el correísta Andrés Bonilla, de Archidona, que según Fernando Villavicencio, que no suele hablar en vano, recibió tres concesiones mineras. Y otros cuadros provinciales tienen intereses en las minas, como César Espíndola, candidato correísta a la alcaldía de Tena.

Así que lo que va a ocurrir ahora ya está escrito: la nueva mayoría entregará a Mario Ruiz la comisión para tratar temas mineros y entre todos echarán tierra sobre los asuntos espinosos. Y mientras tanto llamarán a juicio político a la ministra de Gobierno, para que no joda. Con cualquier pretexto estúpido, no importa. Asambleístas estúpidos que se hagan cargo sobran.