La conjura de la gentuza
Si en países con instituciones de verdad hay que someterse a diez años de oposiciones para ser juez, aquí basta con pasar un examen amañado
En el descenso a los infiernos del nivel del debate público en el Ecuador (caída que acarrea fenómenos como el analfabetismo funcional masivo en la Asamblea o la farandulización de la campaña presidencial, por no hablar del afianzamiento de un lenguaje político diseñado para no significar absolutamente nada), la peor parte corresponde, seguramente, al sistema de justicia. Intervenido por el correísmo, que diseñó un esquema de elección y nombramiento de jueces por medio de procesos amañados a cargo de instituciones manipulables, el sistema de justicia se encuentra hoy en su fase terminal de descomposición. Véase la miseria del Consejo de la Judicatura: cuatro de sus cinco miembros están siendo procesados por la Fiscalía, dos por tráfico de influencias y otros dos, incluido el espantajo de su presidente, Wilman Terán, por obstrucción de la justicia. ¡Obstrucción de la justicia! Apenas si nos hemos parado a reflexionar que semejante absurdo equivale a tener a todo un país en la indefensión, quizá porque la indefensión no es, en el Ecuador, una sensación nueva para nadie.
Indefensión: en los noticieros de TV se da a conocer el video de un grupo de personas que conspiran para tumbar una licitación de Petroecuador y alzarse con un contrato de 99 millones de dólares. Los tipos conversan en una cafetería de la capital y son recontra específicos en cuanto a los pasos que van a seguir: el primero, detener el proceso de licitación. Así que todo el país está advertido y los conspiradores, desenmascarados. ¿Es así? Es así, pero no le hace. El plan, aunque descubierto, se ejecuta con precisa fatalidad a vista y paciencia de todo el mundo. Ya se tumbaron la licitación. Contaron, para ello, con la colaboración de un juez que acababa de ser sancionado por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, por haberle devuelto los derechos de participación política al delincuente Jorge Glas, pasándose la Constitución por el forro. John Erik Rodríguez Mindiola, juez de Yaguachi, el mismo que dispuso la libertad del jefe de Los Lobos, porque entre Glas y las mafias hay los mismos jueces, los mismos abogados, los mismos gángsters. John Erik Rodríguez Mindiola, de quien el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán no ha dicho una palabra.
Indefensión: si en países con instituciones de verdad un abogado que aspira a convertirse en juez debe someterse a un proceso de diez años de rendir oposiciones, en el Ecuador poscorreísta se volvió común la imagen del juez ignorante, casi recién graduado, que se enriquece de la noche a la mañana. Sujetos aficionados a las cadenas de oro, a los autos deportivos de alta gama, a la estética narco en todas sus manifestaciones, medran de un sistema que fue concebido para su fácil manipulación política y que terminó por convertir la carrera judicial en una ganga. No es raro que sean tipos como Wilman Terán quienes accedan a las posiciones más altas de ese sistema: juez de la Corte Nacional, primero; presidente del Consejo de la Judicatura, después. ¿Quién lo puso ahí? El propio presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, que hoy trata de lavarse las manos para evitar el descrédito pero bien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Indefensión: con dos votos de cinco el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán sanciona a un juez, Walter Samno Macías: el que lleva el proceso de los dos consejeros acusados de tráfico de influencias. Juez incómodo. Dos votos: uno está borracho perdido; el otro es el esperpéntico Wilman Terán, a quien medio mundo pide la renuncia. ¿Por qué habría de renunciar si él es la viva imagen del sistema que preside?
